Rechaza SCJN incluir a BCS en estímulo fiscal para región fronteriza

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El Gobernador de BCS interpuso una controversia constitucional ante la SCJN para que el estado fuera considerado zona fronteriza, sin embargo, la SCJN rechazó la controversia.

Jueves 14 de marzo del 2019

Una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) desechó este miércoles una controversia con la que el Gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, buscaba que se incluyera al estado en el estímulo fiscal para la región fronteriza, decretado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador con vigencia en 2019 y 2020.

Ese estímulo incluye la reducción del IVA de 16 a 8 por ciento, así como el pago de solo dos terceras partes del ISR que corresponda en ingresos por actividades empresariales.

El decreto solo beneficia a residentes de 43 municipios, entre ellos todos los de Baja California, así como algunos de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero el Gobernador Mendoza Davis, alegó en su demanda ante la Corte que también se debió contemplar a su entidad.

"Se alega la omisión injustificada de incluir a Baja California Sur y sus habitantes o residentes, entre los beneficiarios de los estímulos fiscales aplicables en materia de ISR, por ser violatoria de los derechos de igualdad de los mexicanos residentes en Baja California Sur, originando un trato diferenciado que es inconstitucional", afirmó el Mandatario.

También sostenía que se afectan facultades del Gobierno estatal para generar políticas públicas que fomenten la competitividad y el empleo.

La Ministra Norma Piña, sin embargo, determinó que la controversia es notoriamente improcedente, porque los Gobiernos locales no pueden utilizar este recurso para defender derechos de sus ciudadanos, que para ello cuentan con el juicio de amparo, sino solo para impugnar invasiones de otros órganos del Estado a su ámbito de atribuciones.

"Este Alto Tribunal advierte que no se surte una afectación competencial al promovente, mucho menos acreditan un principio de agravio para efectos de la procedencia de la controversia constitucional", explicó Piña.

"La norma o acto impugnado debe ser susceptible de causarle un perjuicio al ente promovente y, los conceptos de invalidez deben dirigirse a demostrar que el acto o norma impugnado, cuando menos, le afecta como entidad, poder u órgano, más no la afectación a los gobernados".

El Gobierno estatal puede impugnar el rechazo de su demanda, mediante recurso de reclamación que resolverá una Sala de la Corte.

Los ciudadanos de Baja California Sur, en tanto, pueden litigar contra su exclusión del decreto Presidencial mediante amparos, pero con pocas posibilidades de éxito, pues la Corte ha establecido repetidamente que no hay un derecho Constitucional a recibir estímulos fiscales.

Fuente: Reforma / Víctor Fuentes (https://bit.ly/2UBZ2eC)

Noticieros Cabo Mil / Redacción

Foto: Reforma

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